Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto con el senador por Entre Ríos en el Congreso Adán Bhal, se presentaron ...
Con la representación letrada de Valodia Nichajew, los diputados Michel y y Marclay, junto con el senador Bahl, se presentaron la semana pasada ante los juzgados federales de Concepción del Uruguay para presentar una “demanda por prevención de daños”. El escrito apunta al anunciado y avanzando proyecto de instalación de un complejo de producción de combustibles sintéticos en Paysandú, frente a las playas de Colón. En este marco, los litigantes propusieron distintas medidas de prueba, tales como que el Estado uruguayo aporte datos de la empresa HIF Global y que se hagan pericias ambientales.
El principal argumento es que la firma multinacional con sede en Estado Unidos aún no presentó los papeles para que sea autorizada la fábrica y la actividad ante la CARU, “el único organismo que puede evaluar y habilitar una instalación sobre el río Uruguay. La única es la CARU; ni el Uruguay, ni la Argentina como países (que comparte el río) pueden hacerlo. Es por eso que se creó la CARU”, explicó Nichajew a ERA Verde. El letrado agregó que este criterio es el que sostuvo la Corte Internacional de Justicia en el 2010 cuando se definió respecto al caso de la papelera UPM Botnia.
ANTECEDENTES
Michel, Bahl y Marclay ya fueron a la justicia hace unas dos semanas y se presentaron como amicus curiae (amigos del Tribunal) en una investigación penal, que encabeza la fiscal Federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta. La procuradora se abocó a indagar sobre la posible comisión del delito de «daño ambiental» y violación al Estatuto del Río Uruguay. Se trata de una investigación iniciada de oficio que persigue prevenir daños en el río Uruguay y zonas aledañas.
